Para Borla, dicha petición se fundamenta en la gran dificultad que se observa en las instituciones educativas ante la situación actual, inesperada e imprevista, que implicó una nueva metodología de abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se está frente al gran desafío de un Sistema que promueve lo virtual pero no brinda los medios para que así sea (conectividad, datos) y hoy las mismas situaciones y dificultades que a diario se visibilizaban en la presencialidad, atraviesan también la virtualidad, evidenciando las necesidades de los alumnos más vulnerables, haciendo imposible sostener el objetivo de equidad, igualdad de oportunidades e inclusión. Las políticas Educativas resultaron escasas y han llegado tarde en lo que respecta a la correlación entre éstas y la realidad de alumnos y docentes (conectividad, herramientas, acceso y modos de uso, etc.) que genera un problema en la enseñanza, ya que la misma no "llega" del mismo modo a todos, planteando una gran inequidad en el derecho de enseñar y aprender, haciendo muy dificultosa la premisa de justicia educativa. La brecha entre los que tienen los medios y los que no lo tienen es cada vez mayor y más decisiva. Es indispensable seguir trabajando en pos de una educación que asegure derechos y ofrezca calidad e inclusión en todas sus instancias (cursado, promoción, evaluación, articulación) y para ello es necesario brindar las herramientas, recursos, insumos y capacitación a todos los agentes del sistema educativo. Las familias, que se convirtieron en un partícipe necesario de la educación, están enfrentando además otros problemas y prioridades como la del sustento alimentario, la inestabilidad laboral o la falta de proyectos a futuro, con inconvenientes económicos. Y es que esta pandemia hace estragos y siempre son los más vulnerables los más afectados. El Consejo Federal de Educación, en sus resoluciones Nº 366/20, 367/20, 368/20 y 369/20 con fecha del 25 de agosto de 2020, teniendo en cuenta el contexto excepcional generado por la continuación del aislamiento y el distanciamiento social preventivo obligatorio, resolvió aprobar, atendiendo a la situación y las urgencias de cada provincia entre otras cosas, una nueva reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela, nuevos criterios de evaluación, acreditación y promoción para este año excepcional y una nueva contextualización curricular 2020-2021 para la organización de la enseñanza. Los consensos federales plasmados en estas resoluciones brindan las respuestas que requieren los desafíos pedagógicos que la escuela como institución deberá afrontar en el corto y mediano plazo y llevan certidumbre a la comunidad educativa y otorgan un marco normativo a nuestra jurisdicción para tomar decisiones situadas. Puntualmente, la Resolución CFE N° 366/20 considera pertinente establecer como adecuadas tres formas complementarias de trabajo: presencial, no presencial y combinado. En este período comprendido entre setiembre de 2020 y marzo/abril de 2021, convivirán, de ser posible, las tres formas de trabajo en "una unidad temporal que posibilite la intensificación, evaluación, acreditación y/o promoción de los aprendizajes". Es evidente que la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe está en una de sus etapas más complicadas para pensar en un retorno a la presencialidad. Para sostener el principio de gratuidad de la Educación se debe asegurar el acceso libre a internet (datos móviles, wifi, plataformas y contenidos educativos) para que todos y cada uno de los alumnos pueda recibir, procesar, incorporar, aplicar y acreditar conocimientos, dudas y saberes en una retroalimentación fluida, constante y permanente con todos y cada uno de sus docentes; asegurando además garantizar la posibilidad de los alumnos de rendir los exámenes previos y de finalización de carreras respectivamente. Prensa Borla.